La gestión integrada de plagas (GIP) es una estrategia de control que consiste básicamente en la aplicación racional de una combinación de medidas biológicas, biotecnológicas, químicas, de cultivo o de selección de vegetales, de modo que la utilización de productos fitosanitarios se limite al mínimo necesario. Estas medidas de control se deben combinar de forma inteligente con el fin de mantener los niveles poblacionales de los fitófagos plaga por debajo de sus umbrales económicos de daños (UED). En la actualidad, la GIP es la estrategia de control preferida prácticamente en la mayor parte de cultivos, tanto por motivos de eficacia, como sociales, económicos y medioambientales.

En 2008, según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), un 13,6% de la superficie citrícola española se gestionó de acuerdo a los reglamentos de la Producción Integrada, mientras que el 1,5% lo hizo de acuerdo a los de la Agricultura Ecológica. Se estima que estas cifras irán en aumento en el futuro, y en consecuencia también la implantación de tácticas de control biológico. Además, la recientemente aprobada Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas, propone, entre otros aspectos, que la aplicación de los principios generales de la GIP sea obligatoria para todos los productores europeos a partir del 1 de enero de 2014.